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ANÁLISIS SISTÉMICO DE LOS DERECHOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

22 de noviembre de 2013

 POR: SUSANA GARCIA BRAVO

Doctora en Derecho. Universidad Complutense de Madrid

 RESUMEN

 La vigente regulación sobre derechos de formación deportiva genera, por su aplicación, consecuencias derivadas que colisionan con derechos protegidos en la Constitución y en las leyes y, cuyo efecto principal estriba en anudar al deportista a su entidad de origen, toda vez que se encontrare finalizado el compromiso (bien de contrato, bien de licencia) voluntariamente contraído, sin posibilidad alguna de desligarse de la misma a no ser que le desvincule un tercero mediante el pago del precio que al efecto se hubiere establecido.

 OPINIÓN

 El deporte se ha convertido en la actualidad en una parte fundamental de la vida en sociedad que se estructura sobre la base de unos altos valores y principios como el respeto, la confraternización, la solidaridad, la amistad y el fair play; Es por ello que sorprenda que la utilización de estos altos valores puedan resultar compatibles -ya no solo desde la esfera jurídica sino también desde la deportiva- con situaciones (como algunas de las que se producen en el desarrollo del ejercicio de la competición deportiva) de compulsión y colisión con derechos protegidos en la Constitución y en las leyes.

 Se impone por tanto, de lege ferenda, una modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte, que ayude resolver con eficacia los conflictos nacidos a propósito de la práctica deportiva, aportando seguridad jurídica a todos los que forman parte de su estructura. Que sea capaz de adaptarse a la rápida manera en que este fenómeno despliega sus efectos y, que sin mermar la autonomía generalmente proclamada del movimiento deportivo, elimine la facultad federativa de regular situaciones no ajustadas a Derecho.

 En el tema objeto del presente estudio, partimos de la loable intención de la protección y fomento del deporte de base mediante la exigencia de una cantidad económica que compense a los clubes de origen por el trabajo de formación realizado con los deportistas que desean cambiar de entidad. Sin embargo, los actuales mecanismos, lejos de velar por su garantía permiten la reclamación de cantidades desproporcionadas a los gastos reales efectuados en formación, alejándose diametralmente del interés finalista pretendido por el legislador.

 Por todo, se realiza un profundo estudio de las principales consecuencias derivadas en aplicación de las diferentes regulaciones establecidas al efecto y que concluye por determinar que si la cantidad exigida no guarda relación con el gasto real efectuado en formación, la habilitación jurídica estructurada por medio del artículo 14 del RD 1006/85 y la disposición segunda del RD 1835/91 para dar cobertura a este sistema, queda totalmente desvirtuada, entendiendo además, que si la finalidad pretendida es la disuasoria y no la compensatoria, ésta primera no puede ser objeto de protección por parte del ordenamiento jurídico.

 ANÁLISIS SISTÉMICO DE LOS DERECHOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA ([1])

 I. INTRODUCCIÓN

 Tras casi dos décadas de vigencia de la actual Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, nos sorprende sobremanera, observar cómo reminiscencias históricas que deberíamos tener ya superadas persisten en la actualidad y siguen provocando situaciones de compulsión a Leyes y Derechos que no se dan en el resto de los ámbitos sociales.

 El constante recurso al respeto del principio de autonomía deportiva en pro de una innegable hiperespecialidad, unido a la posición bicefálica de las federaciones deportivas, a caballo entre lo público y lo privado, complican el lógico discernimiento jurídico de las relaciones nacidas en el ejercicio propio de la práctica deportivo-competitiva.

Hoy en día, además, el deporte se ha convertido en un fenómeno social, económico y cultural de primer orden, que mueve masas, “todo el mundo sabe de deporte, todo el mundo habla de deporte” es por ello por lo que, de manera preeminente, éste debe ser modelo y ejemplo.

 Esa ejemplaridad, debe estar incardinada en todos los ámbitos deportivos, deviniendo necesaria la incorporación de nuevas regulaciones jurídicas que permitan mejorar y organizar las complejas relaciones que se producen en éste ámbito, cuidando especialmente de garantizar una TUTELA EFECTIVA DE LOS DEPORTISTAS EN EL DEPORTE que ayuden a resolver de manera rápida y eficaz los conflictos nacidos a propósito de su práctica deportiva, minimizando las situaciones limitativas y/o restrictivas y que permita encontrar soluciones que aporten un razonable equilibrio para todos los intereses en juego.  

 A la luz de lo anterior, debo iniciar el artículo exponiendo los derechos de formación deportiva como una de las regulaciones que, aunque propia e idiosincrática, supone un choque frontal entre el desarrollo y ejercicio regular del deporte y el respeto básico a leyes y principios, que coloca al deportista en una situación de imposible defensa eficaz, sujetándole a una entidad deportiva, más allá de la finalización del compromiso voluntariamente adquirido, sin posibilidad alguna de desvincularse de la misma.

 Es por todo, que se imponga el estudio crítico y reflexivo de esta figura, entre otras, que nos permita por consideraciones sociales y de garantías jurídicas, superar el status “no derecho del deportista” y que respete, en cualquier caso, el axioma fundamental del movimiento deportivo “sin deportistas, no hay deporte”.

II. REGULACIÓN NORMATIVA

 La figura de los derechos de formación deportiva aparece recogida en una doble normativa. A saber:

 1.  Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral de los deportistas profesionales, artículo 14.1, que establece expresamente que "Para el caso de que tras la extinción del tiempo convenido ([2]), el deportista estipulase un nuevo contrato con otro club o entidad deportiva, mediante Convenio Colectivo se podrá pactar la existencia de una compensación por preparación o formación ([3]), correspondiendo al nuevo club su abono al de procedencia”

 2. Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas ([4]), disposición adicional quinta, que establece expresamente que “Los Reglamentos de las Federaciones deportivas españolas y de las Ligas profesionales reconocerán los derechos de preparación y formación que correspondan a las Sociedades anónimas deportivas respecto a los jugadores pertenecientes a clubes deportivos que hayan inscrito sus equipos profesionales a las citadas Sociedades anónimas deportivas.

Asimismo, las citados Reglamentos deberán recoger medidas de protección y apoyo a los clubes que formen deportistas”

 III. CONCEPTO, NATURALEZA Y DESARROLLO

 De conformidad con el desarrollo convencional y reglamentario, se puede convenir en que el derecho de formación deportiva consiste en la facultad que corresponde a una entidad determinada (club de origen), para exigir y por tanto percibir de otra entidad (club de destino), una cantidad pecuniaria que compense el trabajo de formación deportiva que el club de origen ha realizado sobre el deportista y de cuyos resultados pretende beneficiarse el club de destino ([5]).

Debemos afirmar, que la finalidad compensatoria ([6]) es pues el fundamento de la existencia de los derechos nacidos por formación deportiva. El reconocimiento de las instituciones públicas y la regulación en las diferentes reglamentaciones, solo pueden estar justificadas en pro de compensar la labor e inversión formativa y es de ahí, precisamente, de donde nace su exigibilidad, no pudiendo por ello considerar ajustadas a la norma todas aquellas cantidades que no tengan una finalidad compensatoria y que, por ende, persigan intereses distintos.

 Comenzando aquí a desgranar la práctica de la actual regulación, y pretendiendo un buen uso que no abuso, debemos partir de la convicción de que, si precisamente los gastos reales soportados en la formación del deportista constituyen el principal motivo de su exigencia, parece lógico pensar que todos aquellos parámetros que excedan de este gasto desvirtúan y desnaturalizan su habilitación jurídica, por lo que no estarían ajustados a la norma.

 Para una inicial comprensión, extraemos las primeras consideraciones:

 1ª- No todas las federaciones recogen los derechos de formación deportiva ([7]).

2ª- Cada federación reguladora barema aquellos aspectos que considera mas importantes, tanto del deportista como de las entidades participantes en la transacción, para la obtención de la cuantía aplicable a cada cambio deportivo; esto nos conduce a la aplicación criterios diferenciales para deportistas de un mismo nivel lo que desemboca, a menudo, en el requerimiento de cuantías dispares.

 Abundando en el examen, el requerimiento de los derechos de formación se hace en nuestro deporte con la utilización de dos sistemas:

 a) En el deporte profesional: por medio de Convenios colectivos, en virtud de la exigencia imperativa que impone el artículo. 14.1 del RD 1006/1985.

 b) Deporte no profesional: por medio de Reglamentos federativos, en virtud del deber que establece la disposición adicional quinta, in fine, del RD 1835/1991.

Ahora bien, en el deporte amateur se utilizan, a su vez, dos sistemas distintos para la obtención de las cuantías por aplicación de las diferentes regulaciones reglamentario/federativas:

 b’- Mediante la fijación directa de un importe libremente establecido por las Federaciones, sin atender a ningún criterio formativo.

b”- Mediante la aplicación de una fórmula matemática de cálculo que se compone de varios elementos que aparecen sumando o multiplicando y de cuya sustitución en primer lugar por puntos y en segundo lugar, a resultas de lo anterior, por euros, se determinará la cantidad total aplicable a cada cambio.

 En éste último caso los valores, todos ellos progresivos, que comúnmente se utilizan para establecer la cuantía que ha de ser pagada son:

 - Número de años consecutivos en el club de origen.

- Puntos por la categoría del deportista, según su edad.

- Puntos por el número de equipos que tenga inscritos o modalidades que se practiquen el club de origen, en la temporada anterior al cambio.

- Coeficiente multiplicador según la categoría máxima del club de destino.

- Coeficiente multiplicador por la participación del deportista con las diferentes selecciones, principalmente internacionales.

 En todos los supuestos de aplicación anteriores, bien sea en el deporte profesional bien sea en el deporte amateur, se concluye con una cantidad pecuniaria que pone precio a la libertad del deportista una vez extinto el compromiso voluntariamente contraído, en uso de criterios y valores que no se corresponden con el gasto formativo realizado por el club de origen.  Por lo que podemos afirmar, que desde un punto de vista técnico la aplicación que de los derechos de formación hacen las disposiciones reglamentarias examinadas, es cuando menos descuidada por cuanto que no ofrece la seguridad jurídica necesaria al deportista.

 Pues bien, dado que el sistema actual permite que el uso que se hace de la norma en poco o en nada tenga que ver con una compensación real de gastos, podemos aseverar que las verdaderas pretensiones son:

 -      Impedir el cambio mediante una cantidad desproporcionada al gasto que, casi nadie pueda o esté dispuesto a pagar, frustrando carreras o vinculando al deportista a la entidad de origen hasta el límite de edad máximo para tener derecho a su exigencia que, dicho sea de paso, abarca gran parte de la vida deportiva.

 -      Para el caso de que la entidad de destino se avenga a abonar la cantidad que se exija por el cambio, obtener una fuente de ingresos relevantes para los clubes deportivos que, si en principio no son ajustadas a los gastos formativos, en final no son reinvertidos en este propósito.

 A la luz de lo anterior convenimos que, en el tema presente de estudio no se persiguen objetivos formativos ni compensatorios sino una patrimonialización del deportista en virtud precisamente de la formación deportiva recibida, protegiendo en primer lugar y de manera desmedida los derechos de los clubes frente a los derechos del otro sujeto de la relación: los deportistas.

 IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y LÍMITES

 Con el objetivo de seguir profundizando en el exhaustivo conocimiento del tema, en este apartado se intentará delimitar y la aplicación y límites de las diferentes regulaciones atinentes a derechos de formación deportiva para cada uno de los modos de práctica.

 IV.1. APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE FORMACIÓN EN EL DEPORTE PROFESIONAL

 En el propósito de clarificar los deportistas profesionales sujetos a derechos de formación debemos partir por el reconocimiento inicial de que es deporte profesional aquella manifestación del fenómeno deportivo que es ejercitada como actividad laboral sujeta a los caracteres propios que tal relación atribuye ([8]); se diferencia esencialmente del deporte aficionado en el modo de práctica y en los objetivos y finalidades perseguidos que hacen que el que lo realiza lo utilice como forma y medio de vida.

 De lo anterior se deriva la necesidad de establecer los sujetos de la citada relación. 

 Actualmente en España es considerado deportista profesional, aquel que en virtud de una relación establecida con carácter regular ([9]), se dedique voluntariamente a la práctica del deporte por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva ([10]) a cambio de una retribución ([11]).

 De la estricta dicción del precepto se desprende que, los deportistas profesionales (regulados al amparo del RD 1006/85 de 26 de junio) se encuentran sujetos a una verdadera relación jurídico-laboral, que aunque de carácter especial ([12]), se construye sobre la prestación de trabajo en cuanto tal.

 Así en el referido asunto, el artículo 14.1 del RD 1006/85 establece la posibilidad de que mediante Convenio Colectivo ([13]) se pueda pactar la existencia de una compensación por preparación o formación, correspondiendo al nuevo club su abono al de procedencia, caso de que el deportista pretenda cambiar de club o entidad de origen.

 La literalidad del precepto determina que esta posibilidad solo pueda ser exigida para el caso que el deportista lo sea de carácter profesional, por cuenta ajena y que esta compensación, además, se encuentre pactada en un Convenio Colectivo.

 Actualmente se encuentran vigentes los siguientes convenios colectivos para el ámbito del deporte profesional:

  - Convenio colectivo para la actividad de Baloncesto profesional de la liga femenina (Código de Convenio nº.9916915), suscrito con fecha de 22 de octubre de 2007, resolución de la Dirección General de Trabajo de 21 de diciembre de 2007, BOE 15 de enero de 2008.

- Convenio colectivo para la actividad de Baloncesto profesional (Código de Convenio nº. 9908575), resolución de la Dirección General de Trabajo 18 de enero  de 1994, BOE 13 de febrero de 1994.

- Convenio colectivo para la actividad de Balonmano profesional (Código de Convenio nº.9911755), suscrito con fecha de 12 de mayo de 2006, resolución de la Dirección General de Trabajo de 28 de agosto de 2006, BOE 13 de septiembre de 2006.

- Convenio colectivo para la actividad de ciclismo profesional (Código de Convenio nº.9907355), suscrito con fecha 18 de abril de 2006, resolución de la Dirección General de Trabajo de 11 de mayo de 2006, BOE 6 de junio de 2006.

- Convenio colectivo para la actividad de Futbol profesional (Código de Convenio nº. 9902305), suscrito con fecha de 31 de julio de 2008, resolución de la Dirección General de Trabajo de 21 de octubre de 2008, BOE 22 de septiembre de 2008.

 Tras es examen de todos ellos debemos resaltar que sólo uno de los anteriores recoge en su articulado la posibilidad exigir derechos por formación deportiva. A saber:

 -      Convenio colectivo para la actividad de fútbol profesional ([14]). Así la redacción textual de su artículo 18.1 establece que:

 1.“ La LNFP y la AFE, de acuerdo con el artículo 14.1 del Real Decreto 1006/85, de 26 de junio, que regula la relación laboral de los deportistas profesionales, convienen establecer para el caso de que tras la extinción del contrato por expiración del tiempo convenido, el Futbolista Profesional estipulase un nuevo contrato con otro Club/SAD, que éste deberá abonar al Club/SAD de procedencia la compensación que libremente haya fijado en las listas de compensación, al final de la temporada.

A tal efecto, el Club/SAD de procedencia deberá notificar al jugador, a la L.N.F.P., y a la A.F.E., hasta el 30 de junio o siguiente hábil de cada año, su inclusión en la lista de compensación y el importe fijado.

En ningún caso podrá incluirse en la lista de compensación a un jugador, cuya edad sea igual o superior a 24 años ([15]), al 30 de Junio del año en que se incluya”.

 Pues bien, al margen de consideraciones adicionales que nuevamente pusieran en duda la acomodación legal de la presente normativa, como por ejemplo la habilitación y capacitación de las entidades de origen para prestar y desarrollar labores formativas de calidad sin necesidad de justificar ni certificar dicha formación, debemos decir, que los presentes derechos en el ámbito del deporte profesional actualmente solo podrán ser exigidos para los que desarrollen su actividad en el deporte del fútbol ([16]) habida cuenta el resto de los Convenios colectivos no regulan esta figura, por lo que no pueden hacer uso de la facultad que atribuye el art. 14.1 del RD 1006/1985.

No obstante lo anterior, la Federación Española de Baloncesto en su Convenio colectivo ([17]), no recoge expresamente la compensación por formación deportiva, ahora bien no debemos dejar de referenciar su singular regulación por cuanto estructura un sistema que produce los mismos efectos: vincular al deportista a su entidad de origen, mediante la utilización de el “derecho de tanteo” y el “derecho de prórroga”, que faculta a la entidad de origen a prorrogar el contrato del baloncestista, igualando las condiciones de la oferta realizada por un tercero, impidiendo al jugador negarse a la prórroga de dicho contrato por cuanto el art. 14. 6 del CC permite a la entidad de origen mantener los derechos que les confiere el Convenio. Es más, para el caso que el club o SAD de origen renunciasen definitivamente a ejercitar los derechos de prórroga o tanteo, el Convenio les otorga el derecho a percibir una “compensación”, que se constituirá en virtud de porcentajes sobre el montante de la retribución acordada para las temporadas de vigencia del contrato realizado con el nuevo club o SAD y hasta la edad de veinticinco años, inclusive, no teniendo los jugadores derecho a recibir cantidad alguna derivada de dicha compensación (a diferencia de lo que ocurre en fútbol donde el jugador tendrá derecho a recibir el 15% de la compensación).

Sin embargo y a pesar de que se dan los mismos condicionantes, efectos y consecuencias, la anterior compensación no se produce en mor de los derechos de formación.

 IV.2 DEL AMATEURISMO COMPENSADO

 Esta cuestión, lejos de ser nimia requiere de una mención especial en primer lugar, por cuanto que la aplicación de los derechos de formación es más restrictiva para los deportistas profesionales -debido a la exigencia imperativa de la existencia de Convenio colectivo en el que se encuentre contenida la compensación por formación- y en segundo lugar, porque representa una nueva zona gris ([18]) y frontera de conflicto, que no por ser más habitual, requiere de un menor tratamiento, como es el caso de los “deportistas amateurs compensados” en su consideración como deportistas profesionales o deportistas aficionados  ([19]).

 La delimitación práctica de esta consideración “deportista amateur versus deportista profesional”, es históricamente polémica y se originó ya en el siglo pasado en Inglaterra en respuesta a un marcado carácter clasista existente en el seno de los deportes de élite. Actualmente, y a excepción de los Estados Unidos que opta por un modelo privado empresarial y profesional de los deportes, en el resto de los países sigue existiendo dicotomía entre estas dos formas de práctica.

 En aras a esclarecimiento debemos, como punto de partida, tomar en cuenta los dos siguientes aspectos:

 1º. La calificación que las partes otorguen a la relación no es vinculante, es decir el hecho de que un club considere a sus deportistas como amateur no significa en realidad lo sean ([20]).

 2º. La calificación que las Federaciones otorguen a sus deportistas no produce efectos jurídicos ni vincula a los Tribunales de justicia; de hecho son éstos los que se vienen declarando competentes para conocer cuestiones de laboralidad sobre deportistas cuyas Federaciones califican de amateurs ([21])

 Sin embargo, aquí se nos plantea la problemática de encontrar la línea diferenciadora de ambas formas de práctica ([22]) eliminando los interrogantes que se nos suceden en orden a  distinguir entre una verdadera relación laboral “aunque encubierta” o una relación exclusivamente deportivo-competitiva. A lo anterior debemos añadir que el amateurismo actual se estructura en el seno de un asociacionismo deportivo impregnado de profesionalidad, lo que complica, si cabe aún más, las relaciones derivadas de toda práctica deportiva. Por ello, en el esfuerzo de clarificar la lógica frontera delimitadora tomaremos como elemento prioritario -lo que hará inclinar la balanza en uno u otro sentido- la cuantía económica total que recibe el deportista por su actividad, los conceptos perceptivos y la periodicidad en su devengo.

 Para lo anterior debemos aclarar qué tiene consideración de gastos compensables y, por tanto sujetos a una relación deportiva amateur, y qué compensaciones exceden de los mismos suponiendo verdaderas retribuciones encubiertas que serían plenamente coincidentes con la prestación profesional de la actividad deportiva ([23]).

 De conformidad con el tratamiento jurisprudencial de los últimos tiempos nos atrevemos a afirmar que las cantidades que los deportistas reciben en compensación de gastos de viajes y desplazamientos, la manutención que originan entrenamiento y competiciones así como los gastos derivados de los estudios, tienen una clara finalidad compensatoria y no constituyen salario ([24]) de igual manera, sensu contrario, las cantidades recibidas por los deportistas que exceden de los gastos anteriormente citados tienen carácter salarial. Por lo demás, y en esta línea debemos afirmar que serán propios de una verdadera relación laboral las cantidades recibidas con carácter fijo y periódico en su devengo -la variación de cantidades es propia de la compensación de gastos-, así como, en virtud del principio Constitucional de suficiencia del salario ([25]), las cuantías de retribución que estén por encima del Salario Mínimo Interprofesional.

 Por todo, podemos convenir en que son amateur los deportistas que se dediquen a la práctica del deporte dentro de un club con licencia federativa, desarrollando su actividad sin afán de lucro y, pese a que pueda abonárseles cantidades que sufraguen los gastos inherentes a tal ejercicio, en cualquier caso primará el interés competitivo frente al económico no pudiendo, en modo alguno, obtener una retribución que constituya un medio de vida.

 Para finalizar este apartado diremos, que la aplicación de los derechos de formación deportivos solo podrá ser aplicable al deportista, de conformidad con su verdadera relación como profesional o amateur y por aplicación de la normativa diferencial que al efecto se establece.

 IV.3.APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE FORMACIÓN EN EL DEPORTE AMATEUR

 Es deportista amateur, aquel que se dedica a la práctica del deporte dentro de un club o entidad, con licencia federativa que le habilita para la práctica deportivo-competitiva y que no recibe por tal dedicación cantidad económica alguna o, en todo caso, una cuantía simbólica como compensación de los gastos derivados de su práctica deportiva ([26]).

 El RD 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas, disposición adicional quinta, in fine, establece expresamente que los citados Reglamentos deberán recoger medidas de protección y apoyo a los clubes que formen deportistas.

 Para este caso, las medidas de protección y apoyo se han concretado en la exigencia de una cantidad económica por el cambio de deportistas de un club a otro una vez finalizada la vigencia de la licencia. Esta concreción está suponiendo, en la mayor parte de los casos, una sujeción del deportista a la entidad hasta la edad en la cual el derecho de formación no sea exigible.

 Así, las Federaciones que recogen en sus diferentes disposiciones reglamentarias los derechos de formación son ([27]):

  - Real Federación Española de Atletismo ([28]).

- Federación Española de Badminton ([29]).

- Real Federación Española de Balonmano ([30]).

- Real Federación Española de Béisbol y Sófbol ([31]).

- Real Federación Española de Hockey ([32]).

- Real Federación Española de Natación ([33]).

- Federación Española de Tenis de mesa ([34]).

- Real Federación Española de Voleibol ([35]).

 IV.4 APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE FORMACIÓN PARA DEPORTISTAS EN EDAD ESCOLAR

 Los mayores, aunque tímidos, avances legislativos que, por su conflictividad, se han producido en los últimos tiempos son en la aplicación de los derechos de formación deportiva para aquellos que se encuentren en edad escolar, entendiendo que en estas edades el deporte es un medio de educación y no un fin en sí mismo.

 A la luz de lo anterior que debemos partir por el reconocimiento de lo siguiente:

 - La importancia del deporte está debidamente reconocida entre los principios rectores de la política social y económica, regulados en el capítulo tercero, del Título I de la Constitución, en su art. 43.3

- El deporte se constituye como un elemento fundamental en el sistema educativo.

- La aplicación de los derechos de formación para menores de dieciséis años (educación obligatoria) puede impedir o al menos limitar el ejercicio del deporte, viéndose en muchos casos carreras deportivas frustradas en una edad en la que el entrenamiento es básico para su futuro desarrollo.

- Los derechos e intereses de los deportistas en edad escolar deben tener un tratamiento preferente frente a los derechos e intereses de los clubes y entidades deportivas.

- Respecto de los menores de edad se debe obligada observancia al art. 39.4 CE ([36]) que expresamente garantiza la protección de los derechos de los niños previstos en los acuerdos internacionales. Entre los de aplicación necesaria y por lo que concierne al tema que nos ocupa, debemos referirnos a:

 . La Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte ([37]), que proclama en su artículo 1.1 “Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el deporte deberá garantizarse dentro del marco del sistema educativo como en el de los demás aspectos de la vida social”.

Así mismo, su artículo 3.3 establece que “el deporte de competición, incluso en sus manifestaciones espectaculares debe seguir estando, según el ideal olímpico, al servicio del deporte educativo, del que es culminación y ejemplo, y ha de permanecer al margen de toda influencia de intereses comerciales fundados en la búsqueda de beneficios”

Mas recientemente, el Consejo Europeo manifestó “su preocupación por las transacciones comerciales cuyo objeto son los deportistas menores de edad, por cuanto no se ajustan a la legislación laboral en vigor o ponen en peligro la salud y el bienestar de los jóvenes deportistas, y hace un llamamiento  a las organizaciones deportivas y a los Estados miembros para que investiguen tales prácticas, las vigilen y adopten, en su caso, las medidas adecuadas; y así lo plasmó en la Declaración de Niza sobre el deporte, de diciembre de 2000, en su punto 13º.

De igual manera, en el punto nº. 11 reconoce las políticas de formación de jóvenes deportistas ([38]) estableciendo que “…son necesarias para vitalizar el deporte, los equipos nacionales y las prácticas de alto nivel, y deben fomentarse. Las Federaciones deportivas, en asociación con las autoridades públicas si es necesario, serán competentes para adoptar medidas precisas para la salvaguarda de sus clubes afiliados y de la calidad de dicha formación y siempre que actúen de conformidad con el Derecho y las prácticas nacionales y comunitarias.

. El Consejo Europeo, también en su punto 12º, “manifiesta su aprecio por la contribución aportada por las asociaciones y organizaciones que, mediante su labor de formación, responden a esas exigencias, proporcionando una contribución social inestimable”.

 Es por todo que debemos reconocer el trabajo de formación como necesario empero, retener a menores de edad en los clubes de origen por el impago de cuantías exigidas por este concepto, incide negativamente en el derecho a la educación y, por tanto, el hecho de que las Federaciones deportivas al aprobar sus reglamentos incorporen normas reguladoras que implican un práctica restrictiva y limitativa, supone una vulneración del derecho de los padres y de los hijos a obtener una educación idónea a través del deporte.

 En la línea de lo anterior se han ido significando algunas de las Comunidades Autónomas en sus respectivas leyes del deporte, en virtud de la facultad que les confiere el artículo 148.1.19, CE:

 - Ley 4/1993, de 20 de diciembre, del Deporte de la Comunidad Valenciana ([39])

- Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid ([40])

- Ley 1/1995, de 2 de marzo, del Deporte de Castilla la Mancha ([41])

- Ley 8/1995, de 2 de mayo, del Deporte de la Comunidad de la Rioja ([42])

- Ley 11/1997, de 22 de agosto, general del Deporte de Galicia ([43])

- Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco ([44])

- Ley 14/2006, de 17 de octubre, del Deporte de las Islas Baleares ([45])

- Ley 2/2000, de 3 de julio, del Deporte de Cantabria ([46])

- Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Deporte de Navarra ([47])

 Por todo concluimos este apartado, en comunión con el Defensor del Pueblo, afirmando que “la exigencia del pago de una cantidad por derechos de formación como requisito para la tramitación de la licencia en favor de otro club, tratándose de deportistas aficionados y menores de edad, supone una colisión con derechos protegidos en la Constitución y en las leyes y por tanto no debe ser ni regulada ni exigida” ni pagada.

 V. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE APLICACIÓN

 Al servicio de facilitar un conocimiento mas profundo continuaremos por concretar los caracteres comunes a todas las regulaciones:

 a) - Para todas las Federaciones, los derechos de formación deportiva consisten en una cantidad económica, como compensación, que el club de destino tiene que abonar al club de origen con carácter previo al cambio de un deportista.

b) - Todas las Federaciones vinculan al deportista a su entidad de origen, durante el tiempo que les sea de aplicación los derechos de formación, naciendo la exigencia del derecho en el momento de solicitud de cambio, toda vez que el compromiso bien contractual, bien de licencia, se hallare extinto.

c) - Todas las Federaciones establecen una edad como límite máximo a la aplicación de los derechos de formación que, por norma, es muy avanzada.

d) Sin haber satisfecho la cuantía estipulada o sin que medie renuncia expresa a la misma, no podrá el deportista trasladarse de entidad.

e)- Las Federaciones, además de arbitrar los derechos de formación, establecen los procedimientos a seguir en caso de no observar lo establecido para el pago de la cuantía.

 VI. CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA ACTUAL REGULACIÓN Y REFLEXIONES NECESARIAS

 Las anteriores características de aplicación generan, sin lugar a dudas, consecuencias derivadas diversas. Entre las principales, por su magnitud:

 - La compensación económica que se deriva de los derechos de formación, establece un límite claro a la libertad de acción y a la libertad de asociación ([48]) sometiendo al deportista a una situación de vinculación plena para con su entidad.

- El deportista que tenga firmado un contrato para la realización profesional de su actividad, siempre que reúna los requisitos establecidos para encontrarse sujeto a derechos de formación y mientras se den estos, no podrá desvincularse de su club de origen aunque el contrato haya finalizado. Esto faculta a la entidad para obligar al deportista a seguir desarrollando su actividad para con ella, aun a su pesar, hasta que las circunstancias que motivaron los derechos de formación no se den o hasta que le desvincule un tercero mediante el abono de la cuantía económica al efecto establecida.

- El deportista, caso que lo sea de carácter profesional, verá reducida la cantidad económica a percibir con el nuevo club, ya que este siempre tendrá en cuenta el desembolso que previamente ha tenido que realizar.

- El deportista que realice su actividad de forma amateur, siempre que reúna los requisitos establecidos para encontrarse sujeto a derechos de formación y mientras se den estos, no podrá desvincularse de su club de origen aunque la vigencia de la licencia suscrita haya finalizado. Esto faculta a la entidad para obligar al deportista a seguir desarrollando su actividad para con ella, aun a su pesar, hasta que las circunstancias que motivaron los derechos de formación no se den o hasta que le desvincule un tercero mediante el abono de la cuantía económica al efecto establecida.

- El importe económico que habitualmente se exige por el trabajo que la entidad de procedencia ha realizado formando y preparando competitivamente al deportista, es desproporcionado al gasto real efectuado persiguiendo intereses distintos que no una mera compensación finalista.

- Por otra parte, los clubes podrán exigirse los derechos de formación en la cuantía que estimen por conveniente (que puede ser o no la resultante de la aplicación de la fórmula establecida), acordar compensaciones distintas de las económicas que tengan por equivalentes, así como renunciar a la misma, quedando las Federaciones al margen de la transacción y entrando solo a conocer en caso de discrepancia de alguna de las partes. En puridad diremos que las resoluciones federativas, en caso de recurso, son en su mayoría favorables a las entidades deportivas en virtud de “la normativa propia aplicable al efecto” habida cuenta la proporción de representación de los deportistas en las Asambleas generales federativas, en un porcentaje inferior al de los clubes, ([49]) hace que sean prioritariamente protegibles los intereses de estos frente a los de aquellos.

- Para el caso de que se produjese un cambio de entidad y no se observase el pago de la cuantía las Federaciones, por regla general, niegan al club de destino la facultad de tramitar la licencia del deportista objeto de transacción y con ello la imposibilidad de participar en competiciones deportivas oficiales hasta que el trámite previo del abono de las cantidades determinadas por ambos clubes haya sido satisfecho.

- Las Federaciones no han arbitrado paralelamente a la regulación de los derechos de formación medidas de defensa a las que el deportista pueda acudir para hacer frente a las  situaciones de abuso de poder que tal figura genera. Si bien el principio de tutela judicial efectiva que proclama el art. 24.1 CE, no se ve vulnerado por cuanto no se produce ni impedimento ni obstáculo en el derecho de los deportistas a ejercitar su facultad de alegar y justificar sus pretensiones ante los órganos judiciales, de facto, la realidad es bien distinta: el deportista no tendrá defensa legal posible que le faculte para seguir desarrollando su actividad deportiva para otra entidad una vez finalizado su compromiso, ya que la defensa jurídica posible no suspende los efectos que la normativa genera y la sentencia favorable hacia el deportista no subsanará los perjuicios ocasionados en el ámbito de lo deportivo, dado que la inactividad le impedirá la realización de deporte en situaciones óptimas de competición.

En su justificación, debemos proclamar el principio deportivo de acción inversa o reversibilidad, que hace que la inactividad deportiva influya tan negativamente sobre la forma física que la mayoría de las adaptaciones que se logran tras muchas horas de entrenamiento se pierdan, necesitando por ejemplo, tres veces mas de tiempo en ganar resistencia que en perderla y respecto de la fuerza, aunque desciende mas lentamente, su no utilización causará atrofia aun en los músculos mejor entrenados. Por ello, la inactividad imposibilitará o complicará en exceso la reanudación de la práctica deportiva una vez resuelto legalmente el conflicto.

En suma, lo anterior desemboca a que necesariamente el deportista, o bien consienta en la prórroga del vínculo o proceda a su retirada del mundo de la competición.

- El deportista que consienta en la prórroga del vínculo, a su pesar, luchará adicionalmente, contra la existencia de barreras psicológicas que acarrearán, con toda probabilidad, efectos perniciosos en su rendimiento, mermando sobremanera su capacidad de autoconfianza y automotivación que, por cierto, son críticas a la hora de ganar o perder. Así, si el propósito del deporte de competición es maximizar el rendimiento, los posibles traumas emocionales como los que pueden conllevar el desarrollo de una actividad en una entidad o con técnicos impuestos, puede hacer fracasar el objetivo de “excelencia” que está implícito en toda filosofía del deporte de competición.

 A resultas de todo lo anterior los deportistas sujetos a derechos de formación, una vez extinguida la vigencia del compromiso adquirido, (bien contractual, bien de licencia) tienen tres opciones:

 1ª- Intentar que el club de origen les otorgue la CARTA DE LIBERTAD, lo que les facultaría para poder cambiar de entidad sin limitación alguna; cabe decir que esta carta es negada casi sistemáticamente ya que esta no comportaría a la entidad ningún beneficio y les impediría beneficiarse de los dos principales efectos que la regulación les aporta:

a.- Posibilidad de tener sujeto al deportista en sus filas, impidiendo que otros se beneficien de sus resultados deportivos.

b- Posibilidad de conseguir una cuantía económica como contraprestación a tener que renunciar al deportista y a sus futuros logros, (no como compensación al gasto real efectuado en formación).

2ª- Consentir con la prórroga del vínculo, limitando su libre movilidad, su libertad de asociación y/o su libertad contractual.

3ª- Abandonar la práctica deportiva ante la imposibilidad de desarrollar su actividad para con otra entidad distinta al no poder eludir la aplicación de un obstáculo reglamentario o convencional insalvable.

 Pues bien, aquí, después de tantas cosas, debemos reflexionar sobre las siguientes cuestiones:

 a) Si en prioridad se trata de compensar los gastos soportados en formación. ¿Por que no se exige la justificación de dichos gastos?

b) Si se está considerando a los clubes y entidades deportivas como organismos debidamente habilitados para el ejercicio de funciones educativo/formativas (nuestras objeciones al respecto)  ¿Por qué no expiden las correspondientes certificaciones formativo/acreditativas? c) Si precisamente la inversión en la labor formativa es la que constituye el motivo de su exigibilidad ¿Por qué se permite exigir cuantías libres que no obedecen a ningún parámetro formativo o cuantías resultantes por aplicación de parámetros no formativos?

 La realidad final es que no es necesario acreditar ni gasto formativo ni formación alguna en actividad docente o técnica por que lo que resulta obvio, que la intención última no es pues compensar el gasto realizado en formación.

 VII. JUSTIFICACIÓN

VII.1 Federaciones deportivas: consideraciones iniciales

 Son las Federaciones deportivas las que estructuran en sus diferentes reglamentos (además de en los Convenios colectivos) las regulaciones atinentes a derechos de formación en el desarrollo de la facultad que les otorga la disposición adicional quinta, del RD 1835/1991 y es por ello, que partimos por estar de acuerdo en que los reglamentos federativos “son fruto de una capacidad de autorregulación de estas organizaciones ([50]), pero no es menos cierto que su alcance y eficacia ha de estar limitado, en cualquier caso, por el ordenamiento superior” ([51])

 En todas las actuaciones reguladas por el derecho público, bien realizadas por la administración o por los sujetos privados a los que el Estado delega facultades públicas, se proscribe la posibilidad de que cualquier acto o decisión se produzcan al margen de la Ley y del Derecho. La instauración del principio de legalidad impone que todas las parcelas de actuación, públicas y privadas, no puedan válidamente surtir efecto, sino es con un escrupuloso respeto del ordenamiento jurídico. Regla esta última reforzada en el ámbito público, por la aplicación de los artículos 9.1, 103.1 y 106.1 de la CE ([52])

 De conformidad con lo anterior, las Federaciones deportivas son entidades privadas de intereses públicos y sociales con personalidad jurídica y capacidad de obrar plena para el cumplimiento de sus fines que, ejercen por delegación funciones públicas de carácter administrativo.([53]) Es por ello que deban situar sus actos dentro de la órbita de las funciones públicas o, en su caso, de las actividades consideradas como de relevante interés público, ([54]) respetando los principios contenidos para el desarrollo de estas funciones, en la Constitución y en las leyes.

 En consecuencia podemos decir, que en el ámbito deportivo-federativo, las normas reglamentarias deben, concretar su actuación, de conformidad con los artículos 3.1 del RD 1835/1991, de 20 de diciembre, a la realización de actividades propias de gobierno, administración, gestión y organización de las especialidades deportivas que corresponden a cada una de sus modalidades, pero sin restringir el ejercicio de derechos legalmente establecidos, ni incluir previsiones desfavorables, habida cuenta y contrario sensu, la existencia de disposiciones reglamentarias federativas que actúen con ese trasfondo provocaría un fenómeno especialmente grave que como dice la mejor doctrina… “afectaría a la integridad de las leyes y perturbaría la recta constitución del ordenamiento jurídico”.

 VII.2. Argumentos a favor del actual sistema

 Son varios los argumentos que esgrimen Federaciones, Asociaciones y Clubes deportivos en aras a la aplicación y mantenimiento de los derechos de formación deportiva; entre los principales:

 1- Las normas relativas a los derechos de formación son necesarias en orden a mantener un lógico equilibrio financiero y deportivo inter clubes, alegando, es mas, que dichas normas persiguen el objetivo de garantizar la supervivencia de los clubes mas modestos, preservando cierta igualdad de oportunidades. Pues bien, en su contra diremos que si bien en inicio se trata de conseguir un fin muy justificable, el uso que de hábito se hace de la norma no impide que los clubes con mayor capacidad económica consigan los servicios de los mejores deportistas, ni que los medios económicos de que disponen los clubes modestos por este concepto sean un elemento decisivo en la competición deportiva que mejore sustancialmente sus posibilidades en la misma.

 De ello se desprende que los derechos de formación como sistema corrector que rompa el nexo causal entre mayor capacidad económica y mejores deportistas no consigue lo pretendido ya que de las cantidades resultantes por aplicación de esta figura sólo pueden ser satisfechas por los clubes económicamente mas poderosos y los mas modestos normalmente utilizan estas cantidades o, en conseguir deportistas de menor nivel, debilitándose así en lo deportivo, o utilizar el montante económico obtenido para dedicarse a un labor exclusivamente formadora. Es por tanto que la aplicación de este sistema ni garantiza ni consigue mínimamente el pretendido equilibrio entre clubes.

 2- Las compensaciones por formación se utilizan como medida que impulsa la búsqueda de deportistas con talento y alienta la selección y formación de nuevos deportistas.

 Sin embargo, la imposibilidad de prever con certeza el futuro deportivo de los jóvenes unido al número limitado de deportistas que en edad adulta continúan desarrollando su actividad competitiva y reforzado por el número ínfimo de estos que llegan a serlo de alto nivel, hacen que las referidas compensaciones se caractericen por su naturaleza absolutamente eventual y aleatoria no pudiendo constituir un elemento determinante para la selección y la formación por cuanto que, en la mayor parte de los casos dicha aportación no va a tener una aplicación directa, ni práctica, ni de rentabilidad deportiva.

 3- Las Federaciones defienden que la exigencia de los derechos de formación ofrecen una compensación financiera a los clubes que dedican medios y esfuerzos a esta labor. De esta manera se busca seguir estimulando a los clubes para que continúen desarrollando la tan importante labor de base, ya que dicha inversión no compensada supone un montante económico que el club no puede desechar, suponiendo una descapitalización inaceptable para el mismo que pondría en peligro la continuidad de las canteras.

Precisamente es pues la labor formativo/compensatoria la que constituye el motivo de su exigibilidad y lo que en principio es justificado y reconocido por las instituciones públicas se convierte en el argumento mas sólido de su quiebra, pues por todos es sabido que en ninguno de los casos se atiende a la formación ni a los gastos reales originados en la misma por lo que debemos concluir diciendo que una cosa es el actual sistema de derechos de formación y otra muy distinta la indemnización objetiva por los gastos de un joven en formación.

 4- Las Federaciones deportivas alegan que las reglamentaciones relativas a los derechos de formación han sido aprobadas por la Administración pública, e incluso han sido aceptadas, al menos implícitamente, por los deportistas a la hora de suscribir sus licencias.

Sin embargo, y aun reconociendo que las normas federativas producen, sin lugar a dudas efectos jurídicos, dichas reglamentaciones no pueden ser contrarias a las normas imperativas de la legislación vigente, debiendo en cualquier caso primar el principio de jerarquía normativa y debiendo considerar como no válidas aquellas que las contraríen.

 5- Las Federaciones y Asociaciones deportivas alegan, de hábito, la autonomía del movimiento deportivo y el respeto que a éste deberían guardar las legislaciones ya que la aplicación estricta de normativas puede poner en entredicho la organización deportiva en su conjunto, por tanto se pide la flexibilidad en la aplicación de las diferentes normativas por consideración a la especificidad del deporte.

 No obstante lo anterior y a este respecto, existe jurisprudencia reiterada que determina que la aplicación flexible de las normas en atención a la especificidad de determinados sectores puede llegar a distorsionar la objetividad del Derecho y poner en peligro su aplicación futura por causa de las repercusiones derivadas, lo que nos lleva a determinar que la aplicación de la norma debe darse con el mismo rigor con independencia del sector al que se aplique.

 VIII. SUGERENCIAS

 La dualidad de criterios tan contrapuestos y contradictorios dificultan una salida consensuada de solución, por lo que deberán in fine ser las autoridades públicas las que, en el ejercicio de su función tuteladora y de control, adopten medidas de protección al objeto de evitar que se explote abusivamente de la labor de fomento de base.

 Pues bien, en este totum revolutum en aras a aportar posibles soluciones de conciliación y con el fin de hacer factible una armonización de todos los intereses que se concitan, me permito el atrevimiento de presentar tres posibilidades:

 a) LA MÁS SENCILLA: ELIMINACIÓN DEL ACTUAL SISTEMA

 Dejando así a la finalización del compromiso voluntariamente contraído, libertad absoluta para que el deportista desarrolle su actividad en aquella entidad que considere, por intereses propios e impropios, más conveniente.

 b) LA MÁS COMPLEJA: MODIFICACIÓN DEL ACTUAL SISTEMA DE COMPENSACIÓN POR FORMACIÓN

 Para aplicar esta opción debemos reconocer la contraprestación del trabajo de formación como necesidad imperativa, estructurando para ello un sistema que sí compense realmente los gastos realizados por este concepto eliminando cualquier parámetro aleatorio y no determinista, que exija obligatoriamente, la justificación del gasto y la acreditación fehaciente de dicha formación. Así:

 1º- Las cuantías libres deben ser eliminadas; estas ni cuantifican, ni justifican, ni acreditan la labor formadora.

2º- Exigir a las entidades de origen los certificados correspondientes por la formaci

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Comunicacion SPDG